El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Hacienda por la que se hizo efectivo el pago de las polémicas tasas judiciales al detectar una serie de defectos, como es la falta de previsión del fraccionamiento del pago o la ausencia del preceptivo informe del Consejo de Estado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha explicado que la asesoría jurídica del Consejo está preparando un recurso contra la orden ministerial que permitió empezar a cobrar los nuevos gravámenes.

La Agencia Tributaria emitió días después de su publicación una nota informativa en la que se impedía “aplazar, fraccionar o compensar” el importe.

Sin embargo, la Abogacía advierte de que esta cuestión no se prohibía en la propia ley de tasas ni tampoco se veta en la Ley General Tributaria.

“Hay varias razones para interponer ese recurso sin un ánimo dilatario ni un ánimo de colapsar los juzgados”, explica Carnicer, que califica de “absolutamente errónea” una medida que “sacrifica” el derecho de acceso a la Justicia recogido en la Constitución. “Estamos haciendo que los españoles paguen los derechos fundamentales que la Constitución dice que son suyos”, alerta.