Carnicer desmiente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando dice que las nuevas tasas afectarán sobre todo a las personas jurídicas. “No es cierto. Las grandes compañías pueden compensar el gasto de las tasas con sus beneficios o desgravarse parte de la cuota como un gasto de empresa”, detalla.

“Las tasas las van a pagar sobre todo los ciudadanos de a pie”, recalca Carnicer, para ilustrar que se han detectado casos “sangrantes” de familias que superan el mínimo de ingresos para poderse beneficiar de la Ley de Justicia Gratuita, pero que no pueden soportar las elevadas tasas y el pago de abogado y procurador. “Se ven impedidos al pedir que sean reconocidos sus derechos”.

El “problema” de las nuevas tasas ha llevado al máximo responsable de la Abogacía a ponerse “al lado” de jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios para exigir la modificación de esta norma. A su juicio, el Gobierno está cometiendo un “error gravísimo” al avalar una “violación clarísima” de los preceptos constitucionales.

En este escenario, la plataforma ‘Justicia para Todos’ ha recogido miles de firmas contra el texto y pondrá en marcha nuevas acciones en 2013 para defender los intereses de la ciudadanía. En concreto, la Abogacía trabajará en una propuesta para “construir una Administración de Justicia moderna, de calidad y gratuita para los ciudadanos sin recursos” que entregará al Gobierno.

A su entender, la Administración de Justicia se ha convertido por la falta de voluntad política en el “vagón que quedó desenganchado en la transición del resto de Administraciones públicas”. Por ello, la solución pasa por aumentar los medios, entre ellos los telemáticos, y aumentar el número de jueces.