La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a los veinte bancos denunciados

por FACUA-Consumidores en Acción. Andalucía es la primera comunidad que inicia procedimiento sancionador por la aplicación de estas cláusulas abusivas como consecuencia de las denuncias presentadas los meses de marzo y abril a las diecisiete autoridades autonómicas competentes en protección al consumidor. Ahora, el organismo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está inspeccionando y analizando los casos denunciados en los que incluye como documentación decenas de contratos con estas cláusulas aportados por socios de la organización.

Según el comunicado, los bancos denunciados son Bankia, BBVA, Caja España-Duero, Unicaja, Caja Rural del Sur, Banco Popular, Cajasol Caixabank, Novagalicia Banco (antes Caixa Galicia), Cajasur (del grupo Kutxabank), Banco Pastor (del grupo Banco Popular), Banco Gallego, Cajamar Caja Rural, Banco Etchevarría, Caja Granada (del grupo Banco Mare Nostrum), Arquia, Sabadell Atlántico y Caixa Penedès (ambas del grupo Banco Sabadell) y las entidades Banco Castilla-La Mancha CCM, Caja de Extremadura y Cajastur (del grupo Liberbank).

La Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece un régimen sancionador que en casos de infracciones muy graves puede alcanzar "el comiso del beneficio obtenido con la infracción" y, "con carácter excepcional", el "cierre" temporal de los establecimientos o "la suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción" hasta por un año. "El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos", establece la norma.

Se ha solicitado a las comunidades autónomas que insten a la cesación de la cláusula suelo y la devolución del dinero, y la aplicación de multas proporcionales a los miles de millones de euros obtenidos por la banca con uno de los mayores fraudes financieros que se han producido en España.

La organización de consumidores ha argumentado la ilegalidad de las cláusulas suelo y las competencias de las autoridades de consumo para intervenir en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, las leyes y estatutos autonómicos de protección al consumidor y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.